El Grupo de Expertos en Derechos Humanos, un órgano independiente encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha advertido que el Gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra civiles por razones políticas.
En su exposición en Ginebra, Suiza, el grupo explicó que los presuntos abusos incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.
El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país. El grupo pidió a la comunidad internacional imponer sanciones a las instituciones o personas involucradas. Desde diciembre de 2018, al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas, y prácticamente todos los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos operan desde el extranjero.
La situación sigue empeorando, pues en febrero de este año, las autoridades nicaragüenses privaron a 222 personas de varios perfiles de su nacionalidad y las expulsaron del país, acusándolas de ser “traidores a la patria”. El mismo mes, el Tribunal de Apelaciones de Managua declaró que otras 94 personas que residían en Nicaragua y en el extranjero fueron traidoras a la patria y resolvió imponer la pérdida de la nacionalidad y ordenar la confiscación de sus activos a favor del Estado.
El grupo concluyó que el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han puesto en práctica los patrones de estos crímenes, y continúan haciéndolo a partir de la fecha de este informe. Las violaciones, abusos y crímenes investigados por el GHREN y descritos en el informe dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a la responsabilidad penal individual de los declarados culpables, ya sea bajo el derecho penal internacional o de acuerdo con las definiciones penales en la legislación nicaragüense o de terceros países.
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