Alfredo Rojas Díaz Durán denuncia a armamentistas por crímenes de lesa humanidad ante corte penal internacional

El defensor de derechos humanos, Alfredo Rojas Díaz Durán, ha solicitado ante la Corte Penal Internacional dos cosas; que conozca de manera supletoria y castigue de manera individualizada a aquellos ejecutivos de financieras y empresas armamentistas que proveen de recursos al crimen organizado transnacional ya que con esos instrumentos se apoderan y controlan de amplias zonas del país y se convierten en cómplices de los crímenes de lesa humanidad cometidos  de manera sistemática y cotidiana como son homicidios, desplazamiento forzoso, esclavitud, desaparición forzada, tortura, privación de la libertad, trata, entre otros crímenes que atentan contra la humanidad según el derecho internacional.

Asimismo y de manera Complementaria, Alfredo Rojas hace un llamado al gobierno mexicano a través del canciller Marcelo Ebrard y el Senado de la República para que apoye esta iniciativa y se impulse una gran reforma internacional para reformar al Estatuto de Roma y a la misma Corte Penal Internacional a efecto de agilizar los trámites, ofrecer mayor eficiencia en la aplicación de la justicia, evitar mayores márgenes de impunidad y garantizar Certeza Jurídica ante víctimas, familiares y la sociedad en su conjunto ya que como está la legislación mexicana existe una grave contradicción Constitucional que no permite identificar estos crímenes y tal parece que se redactó la norma para que nunca se castigue a nadie por estos crímenes en el país. Por lo que también solicitará en breve al Senado inicie una serie de foros y análisis para cumplir su compromiso internacional para combatir a la delincuencia organizada transnacional que mantiene en el filo de la violencia a la familia mexicana y se construya una Ley contra crímenes de lesa humanidad como lo ha demandado hace dos sexenios y medio. México lo necesita, México lo requiere con urgencia, ya no hay tiempo antes de entrar al laberinto de la ingobernabilidad o del endurecimiento gubernamental, afirmó.

Alfredo Rojas nos indicó que espera que el canciller Ebrard de la República ofrezca su respaldo a esta demanda que interpuso ante la Corte Internacional y se persiga de manera individualizada a los responsables de armamentistas y financieras que como copartícipes de delitos graves, de lesa humanidad que se han cometido en el país a efecto de que sean castigados penalmente y con ello, se termine de tajo con el trasiego de armas e instrumentos financieros al crimen organizado transnacional de acuerdo al Tratado de Palermo y el Estatuto de Roma.

El defensor de derechos humanos, indicó que la demanda civil interpuesta en la Corte de Estados Unidos de Norteamérica por el gobierno mexicano es un gran antecedente para el país pero en el fondo, es la acción penal la forma en que podremos detener el trasiego en virtud de que se cometen con esos instrumentos (armas y financiamiento), crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma. Solo de esa manera se evitará que los proveedores queden en la impunidad como hasta hoy sucede, sentenció el promotor de la paz. El crimen organizado de esa forma ya no tendrá insumos.

Insistió el defensor, penal es el único camino que tiene la sociedad mexicana para disminuir la grave violencia del país y es a través de la Corte Penal Internacional como podremos detener a aquellos ejecutivos que en asociación delictuosa proveen los recursos al crimen organizado y que gracias a ello, someten y disponen de la vida de personas, comunidades, negocios y amplias regiones del país.

Alfredo Rojas ha solicitado al canciller Ebrard y al Embajador de México ante la ONU, Dr. Ramón de la Fuente, se pronuncie en ese organismo a favor de la demanda y se abra el expediente ante la Corte Penal Internacional, adjuntando un Informe  Justificado en el que se demuestre la asociación delictuosa entre ejecutivos y crimen organizado para dar mayor sustento a la demanda de carácter penal por crímenes de lesa humanidad cometidos por el crimen organizado que por acción u omisión de autoridades, han mantenido en la impunidad a los responsables de proveer esos instrumentos con los que se empoderan todos los días a nivel global y que colocan en grave riesgo a otras comunidades de países diversos.