El presidente chileno Gabriel Boric pidió el miércoles por tercera vez al Congreso que extienda por otros 15 días el estado de emergencia en dos regiones del sur del país para que las fuerzas armadas sigan patrullando las carreteras, donde una oleada de violencia ha disminuido bajo el control militar.
El estado de excepción focalizado rige desde mediados de mayo en toda la región de La Araucanía y en dos de las tres provincias del Biobío, 600 kilómetros al sur de la capital chilena. La víspera de la solicitud del mandatario al Congreso desconocidos quemaron ocho camiones de una empresa forestal en la aledaña región de Los Ríos y tres cabañas y dos bodegas en el Biobío.
En la sesión de la Cámara de Diputados en la que se debatía el tema, varios diputados pidieron al gobierno que extienda el estado de excepción a Los Ríos.
La legislación vigente obliga al mandatario a contar con la autorización del Congreso para extender el estado de emergencia que, según afirmó al pleno de la Cámara de Diputados la ministra del Interior, Izkia Siches, “ha permitido disuadir hechos de violencia… y una reducción de los hechos de la violencia rural”.
Aunque la coalición oficialista es minoría en el Congreso, se estima que el gobierno contaría con los votos necesarios para lograr la extensión, aunque han aumentado los diputados de la oposición derechista que la rechazan para presionar que se amplíe a zonas urbanas. Además, varios oficialistas se oponen a la “la militarización” de esas regiones.
La diputada mapuche socialista Emilia Nuyado anticipó su rechazo porque, afirmó, “la posibilidad de dialogar lamentablemente no se va dar” y exhortó al pueblo mapuche “a unirse, a organizarse, a defender con fuerza el territorio (y) sus derechos”.
Antes de llegar a la presidencia en marzo Boric era un detractor del estado de emergencia, al igual que su coalición política formada por el Partido Comunista y el izquierdista Frente Amplio, pero la oleada de violencia lo llevó a cambiar de opinión.
Esta semana el Congreso aprobó un proyecto de ley, que debe ser promulgado, permitirá que las fuerzas armadas resguarden la infraestructura crítica -instalaciones o servicios esenciales y de utilidad pública- sin un estado de excepción aunque si su vigencia supera los 60 días sí se necesitará la aprobación del Congreso. Ahora Boric debe solicitar una autorización cada 15 días.
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